Empleo público: deudas, desafíos y oportunidades

Matías Ghidini

El mercado laboral argentino es en esencia profundamente heterogéneo y diverso. Embolsar en un único grupo el análisis de toda su situación y desafíos puede resultar pues imperfecto. Uno de sus principales subconjuntos es el del empleo público.

Según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en Octubre 2020 los asalariados públicos representaban el 27% del total de trabajadores registrados en nuestro país. Porcentaje que a nivel provincial presenta significativas diferencias (por caso, picos muy por encima de este promedio en Santa Cruz, Formosa, Catamarca, La Rioja, San Luis o Santiago del Estero). Hay un consenso generalizado que en nuestro país hace una década no se crea sostenidamente empleo privado de calidad. Prueba de ello, de octubre 2012 a octubre 2020 se destruyeron 270.000 puestos de asalariados privados, cayendo su participación en el mercado del trabajo formal de casi 54,8% a un 48,7%. Sin embargo, y aquí la cuestión, en ese mismo período, los asalariados públicos crecieron en 575.000 vacantes, alcanzando hoy los 3.223.000, un 3,2% más en el mix que en octubre 2012 (23,9%). Una curiosa tendencia que ni el covid19 ni la pandemia, increíblemente, pudieron torcer. A pesar de que en todo el mundo el desempleo creció, nuestro empleo público resistió. Así pues, entre septiembre 2020 y septiembre 2019 el asalariado público se mantuvo en un +0,3% (3.219 millones de personas); mientras que los asalariados privados retrocedieron 4,4% (destrucción de 280.000 puestos). Moraleja final: el empleo global sufre como nuca por el covid19 y sus consecuencias, en Argentina el empleo privado de calidad no logra despegar, nuestro empleo público todo lo resiste.

Pero además de sostenerse, el sector público pareciera orbitar en otro sentido y con otras reglas. La cuarentena empujó intempestivamente a todos las personas a trabajar desde su hogar. Nuestros legisladores, veloces como pocas veces, aprobaron una necesaria ley de teletrabajo. Más rápidos aún de reflejos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) acordó con la Secretaria de Gestión y Empleo Público que la recientemente aprobada ley de teletrabajo no será aplicada en el sector público; su secretario, Rodolfo Aguiar, estampó: “el sindicato siempre sostuvo que no puede existir un Estado presente con sus trabajadores ausentes”.

En la gran mayoría de las empresas privadas que operan bajo una gestión profesional existe un proceso formal para incorporar un empleado. Un equipo de selección que asegura realizar un preliminar mapeo del mercado target a reclutar, una serie de entrevistas a un grupo calificado de potenciales candidatos, una comparación objetiva, un pedido de referencias y hasta una evaluación psicotécnica. Hace pocas semanas, Victoria Donda, titular del INADI, resumió: “La verdad es que he tomado a mucha gente que conozco porque es lógico que uno toma a la gente que tiene más cerca”. Demás está aclarar que lo lógico sería incorporar al profesional objetivamente mejor calificado. Y no al vecino más cercano o al mejor amigo de la infancia.

Mayúsculo capítulo aparte para los salarios del sector público. Asumiendo que quienes optan por una carrera en este sector deberían estar primariamente movilizados por una genuina vocación de servidor público, la remuneración estatal debiera tener una mayor y mejor correlación con la del sector privado. Según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en Septiembre 2020 el sueldo del presidente Alberto Fernández era de $ 354.000 y de la mayoría de sus ministros $ 312.646. Una remuneración, en cualquiera de los casos, que apenas se equipara con la de un gerente senior en una compañía privada importante. Y la que un CEO de una multinacional de primera línea cómodamente triplica. De nuevo, se entienden las diferencias de objetivos y propósitos, pero el gap parece demasiado amplio para soñar con armar un equipo de elite en el estado.

Cae de maduro a esta altura que en el sector público existen aún muchas oportunidades de mejora en la gestión profesional de sus recursos humanos. Importantes avances ha logrado la extensa gestión de Cambiemos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este sentido. En cambio, los logros a nivel nacional durante la era Macri parecen evaporarse con el paso del tiempo. La lista de pendientes es corta pero profunda. Establecer una política de remuneraciones que asegure la competitividad externa con todo el mercado del trabajo y la equidad interna en nuestro particular laberinto público. Incorporar personal a través de un proceso de selección profesional y objetivo, y gestionado por especialistas. Promocionar a aquellos profesionales con el mejor desempeño, medido éste a través de evaluaciones formales y recurrentes. Entrenar y capacitar sistemáticamente.

Resolver la profunda crisis laboral argentina impone encarar y meter mano, de una buena vez, también en el universo del empleo público. Revisar y sentar las pautas para acercarlo a la dinámica profesional del trabajo del futuro. Un desafío que excede las ideologías políticas y gobiernos de turno. Y que, hasta hoy, nadie se ha animado a encarar en serio.

 

Día Internacional contra la Violencia de Género

Silvia Rodil

Sabías que el 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia de Género?

Se eligió esa fecha en memoria de tres hermanas que fueron asesinadas en República Dominicana en el año 1960.

Las hermanas Mirabal estaban casadas, tenían hijos, eran profesionales y participaban en la vida pública. Por sus trayectorias políticas (en oposición al gobierno de ese momento) fueron encarceladas, violadas, torturadas en varias ocasiones y finalmente liberadas para cumplir con el plan final: asesinarlas y que pareciera un accidente.

En el año 1981, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, recordando el hecho mencionado.

En 1999, la ONU definió que el 25 de noviembre sea, en todo el mundo, una jornada de sensibilización y reivindicación de esta causa.

Hablar de violencia contra las mujeres no es solo hablar de lo que pasa en el ámbito privado sino que la violencia sucede también en el ámbito público y en diversos contextos.

Hablemos de números: de acuerdo a las cifras que maneja ONU Mujeres, a escala mundial, el 35 por ciento de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual ya sea por parte de una pareja íntima, o por una persona distinta de su pareja. Estos datos no incluyen el acoso sexual. Algunos estudios muestran que la proporción de víctimas de acoso podría llegar al 70 por ciento.

El número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se ha quintuplicado en algunos países como consecuencia del incremento de las tasas de violencia de pareja provocado por la pandemia de COVID-19. La restricción de movimiento, el aislamiento social y la inseguridad económica elevan la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia en el ámbito privado en todo el mundo.

Muchísimas más cifras nos hablan de la urgencia y la necesidad de intensificar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia de género.

Son precisamente, las políticas públicas impulsadas por los Estados las que tienen la posibilidad de erradicar todos los tipos de violencia, o al menos bregar por eso.

En este sentido, la Cámara de Diputados convirtió recientemente en ley el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y del acoso en el mundo del trabajo. Argentina es el tercer país del mundo que ratifica/adhiere a este convenio (El primero fue Uruguay y el segundo Fiyi).

Ese convenio fue aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó en Ginebra en junio de 2019 por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros del organismo.

Entrará en vigencia en junio de 2021 y alcanza a trabajadores y trabajadoras –cualquiera sea su situación contractual– pero reconoce que las mujeres son las más expuestas a la violencia y al acoso laboral y, sobre todo, quienes se encuentran en situaciones más vulnerables, realizan tareas nocturnas o son migrantes.

Continuar con la implementación de políticas públicas y la sensibilización de la sociedad es el camino para alcanzar el objetivo de erradicación de la violencia y transformar los roles que subordinan a las mujeres.